En las audiencias de debate, que comenzarán a las 9.30, a los militares retirados les imputarán los delitos de violación de domicilio y violación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita en perjuicio del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, desaparecido en 1976.

Cuando el 27 de diciembre de 2007 dispuso la elevación a juicio de la causa, el juez federal Daniel Bejas concluyó que todos los hechos ilícitos debían ser imputados en concurso real con el delito de lesa humanidad y dentro del marco del delito de genocidio previsto por el Derecho Penal Internacional.

El diputado nacional Gerónimo Vargas Aignasse, hijo de la víctima, aseveró hoy a Télam que "esta causa es emblemática, porque pulveriza de manera contundente la infame teoría de los dos demonios, habida cuenta de que era un senador provincial, sin antecedentes penales, profesor universitario, sin participación en ninguna facción beligerante durante esos años".

El legislador insistió: "el único pecado de mi padre fue oponerse al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y haber llevado adelante una investigación desde una comisión legislativa por irregularidades en la Policía provincial, que luego fue amparada impunemente por el gobierno de facto de Antonio Bussi".

"Difícilmente, algún defensor de los represores pueda seguir sosteniendo en el futuro que, entre 1976 y 1983, se vivió una guerra civil. Esto es una muestra de que el 24 de marzo de 1976 se inició una dictadura con objetivos políticos y económicos, además del exterminio de quienes se oponían al régimen", subrayó el diputado.

Con la llegada anoche de Menéndez, procedente de la cárcel de Bower (Córdoba), donde cumple una condena de reclusión perpetua (en Tucumán es alojado en los ex Arsenales Miguel de Azcuénaga), los dos imputados se encuentran en Tucumán, ya que Bussi cumple detención domiciliaria en la casa de un familiar.

Mañana lunes, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, encabezará un acto en la puerta de los ex Arsenales Miguel de Azcuénaga, donde dejará inaugurado un monumento que recuerda que en el lugar funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura militar.

Personal del Ejército, por orden de la Justicia Federal de Tucumán, lleva adelante en el predio de la unidad militar -ubicada en las afueras de la capital tucumana- un desminado (de artefactos de guerra) para luego poder investigar si en el sitio fueron enterrados restos de víctimas de la dictadura militar.

También mañana un profesional del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación examinará a Bussi para determinar si se encuentra en condiciones físicas de asistir a las audiencias de debate, que tendrán lugar tres veces por semana hasta el 28 de agosto (tienen que declarar 27 testigos).

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, que juzgará a los represores habilitó un espacio especial -próximo a la sala de deliberaciones- para que Bussi o Menéndez puedan seguir desde allí las alternativas del juicio si así lo quisieran o si no se encontraran en condiciones físicas de estar presentes.

Los magistrados Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi juzgarán a Bussi y a Menéndez, que están imputados en otras 600 causas, a raíz de que el primero, entre 1976 y 1977, estuvo al frente de la Quinta Brigada de Infantería de Tucumán, que dependía del III Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba, que encabezaba el segundo.